El mes pasado, en diciembre de 2023, en el cierre del año, el Gobierno implementó cambios significativos en el Estatuto de los Trabajadores. Se introdujo un nuevo punto que ahora otorga prevalencia al convenio autonómico sobre el estatal, siempre que este último ofrezca condiciones más favorables para los trabajadores.
Este tema ha generado debates y ha servido como un recordatorio crucial para aquellos que actualmente tienen o planean tener un proyecto profesional propio. La importancia del convenio colectivo es innegable al relacionarse con la Seguridad Social, proporcionando una garantía para los empleados y evitando dudas o confusiones.
No obstante, es esencial proporcionar más información sobre este tema, ya que existe cierta confusión sobre qué tipo de convenio colectivo debe aplicarse a cada empresa, cómo se negocia al elegirlo y qué aspectos cotidianos regulan estos acuerdos.
Determinar el convenio colectivo adecuado para cada proyecto empresarial es una preocupación que surge rápidamente al fundar una nueva empresa con suficientes empleados. La actividad principal del proyecto profesional debe estar clara desde el principio. Aunque puede parecer sencillo, una misma empresa puede dedicarse a diversas actividades relacionadas entre sí pero no idénticas.
Varios parámetros, como las funciones específicas de los empleados, el objeto social declarado, los materiales utilizados y el código CNAE declarado, entre otros, son cruciales para determinar el convenio colectivo de la empresa.
Aunque una empresa puede acogerse a diferentes convenios colectivos según las funciones desempeñadas, es vital elegir entre convenios estatutarios o extra estatutarios. Además, se deben distinguir entre convenios sectoriales, estatales y nacionales, así como sectoriales autonómicos, provinciales, locales y comarcales. Recientemente, también se debe tener en cuenta el Estatuto del Becario para regular la formación práctica tutorizada para estudiantes.
La negociación del convenio colectivo no se limita a la elección del empresario. Se requiere un proceso de negociación, que involucra a representantes de los trabajadores, generalmente sindicatos, y al representante del empresario, que en empresas más pequeñas suele ser el propio empresario.
La constitución de la comisión negociadora marca el inicio del proceso, donde se discuten todas las cuestiones relacionadas con el convenio colectivo. Esto incluye la regulación de las condiciones de trabajo, la jornada laboral, los descansos, la duración de los contratos, las medidas para la promoción profesional y las posibles sanciones por incumplimiento de obligaciones laborales, tanto para los empleados como para los empleadores. Estas sanciones pueden variar en gravedad, desde multas hasta la pérdida de ayudas y bonificaciones, dependiendo de la gravedad de la infracción.